En el corazón del Poder Legislativo mexicano, la voz de la relatora especial de la ONU, Reem Alsalem, sonó directa y sin rodeos: la violencia contra mujeres y niñas ha llegado a niveles alarmantes en el mundo. No es una exageración ni un discurso diplomático; es, dijo, una alarma encendida que exige decisiones firmes de los gobiernos y también de la sociedad.
Un grupo de nueve relatores y expertos independientes de la ONU afirmó que los archivos vinculados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein contienen hechos de tal gravedad, sistematicidad y alcance internacional que podrían encuadrarse legalmente como crímenes de lesa humanidad.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, puso sobre la mesa un mensaje que, más allá del protocolo, tiene implicaciones directas en cómo se hacen las leyes y cómo se gasta el dinero público en México. Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, dejó claro que mientras la violencia siga siendo visible y cotidiana, el Congreso está obligado a ajustar la ley y el presupuesto.
En el Congreso no todo se decide a mano alzada ni de manera automática. A veces, antes de que una reforma avance, se detiene, se escucha a expertos y se replantea. Eso es justo lo que está pasando con la propuesta para crear la figura de “jueces sin rostro”, es decir, personas juzgadoras cuya identidad se mantendría en reserva en casos de delincuencia organizada.
El diputado Germán Martínez Cázares, del PAN, decidió cruzar fronteras para dar la pelea contra la reforma judicial y los cambios a la Ley de Amparo. Esta vez no lo hizo desde la tribuna de San Lázaro, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Y según informó, su escrito ya fue admitido. En sus palabras, las reformas impulsadas por la mayoría oficialista están ahora “en el banquillo internacional de los acusados”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que durante febrero se presentará el informe oficial sobre personas desaparecidas en México, un documento que busca poner orden en un tema sensible y urgente. El reporte, explicó, llega después de una revisión a fondo del sistema de registro y del fortalecimiento de las alertas de búsqueda, con la idea de ofrecer información clara y útil tanto para las autoridades como para las familias.
La relación entre el Estado mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos volvió a colocarse en el centro de la agenda pública. Este viernes, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Humberto Henderson, sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para revisar y fortalecer los protocolos de investigación en casos especialmente sensibles.
Expertos de la ONU encendieron las alertas sobre lo que está pasando en varios centros de tratamiento de adicciones en México, donde —advirtieron— existe un grave riesgo de malos tratos hacia las personas internadas. El señalamiento vino del Subcomité para la Prevención de la Tortura, un órgano especializado que pidió a las autoridades mexicanas atender el problema con urgencia.
En el Senado se abrió una conversación que suele quedar relegada, pero que define la vida diaria de miles de personas: la vivienda para personas con discapacidad. Durante el foro “La salud mental comienza con la vivienda”, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, planteó algo que parece obvio pero que en la práctica no ocurre: que el Estado mexicano garantice viviendas adecuadas para que este sector pueda decidir dónde y con quién vivir, y así participar plenamente en la vida de la ciudad.
La violencia en Sinaloa encendió las alertas internacionales. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el estado y por la estrategia que se ha utilizado para enfrentarla: una creciente militarización que, advierte, no ha dado resultados y sí ha provocado violaciones a derechos humanos.