México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en un momento marcado por una sequía extraordinaria que ha afectado a comunidades, al campo y a los sistemas hídricos de ambos lados de la frontera. El entendimiento se da en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y busca equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades internas de cada país.
En la discusión pública sobre el agua, pocas cosas pesan tanto como la sensación de que este recurso, que debería ser de todos, ha terminado en manos de quienes pueden pagarlo o explotarlo mejor. Por eso, cuando el diputado Óscar Iván Brito Zapata habla de la nueva Ley de Aguas como un “avance importante”, no lo hace desde la retórica, sino desde un contraste muy claro: la diferencia entre tratar el agua como mercancía—como lo hacía la ley de 1992—y tratarla como un derecho humano.
El diputado federal Ávila cuenta que, aunque su residencia formal está en Aguascalientes, sus labores como vocero parlamentario lo mantienen buena parte del tiempo en la Ciudad de México, y específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde asegura que se ha vuelto un vecino más. Y eso, dice, lo ha convertido en receptor directo del enojo de cientos de habitantes que están cansados de lo que consideran un abandono evidente por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno mantendrá abiertas las mesas de diálogo con todos los sectores que presenten demandas legítimas, pero advirtió que no puede comprometerse “a lo que no es posible cumplir”.