Luego de tres meses de incertidumbre, el caso del Refugio Franciscano da un giro importante: el albergue recibió autorización para reanudar sus actividades y volver a recibir animales en adopción, en medio de una controversia legal y social que no ha terminado del todo.
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Movilidad y la Red de Transporte de Pasajeros realicen estudios técnicos de demanda y viabilidad que permitan ampliar la cobertura y mejorar la frecuencia del transporte público en la alcaldía Cuajimalpa, ante rezagos que afectan diariamente a miles de usuarios.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño a la Hacienda Pública por más de mil 88 millones de pesos en la alcaldía Cuajimalpa, correspondiente al último año de gestión de Adrián Rubalcava, de acuerdo con la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.
La jueza Ana Miriam Yépez Arreola ordenó la restitución del predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa al Refugio Franciscano, espacio donde operaba un albergue para perros rescatados y del cual fueron desalojados durante un operativo realizado el pasado 10 de enero, tras señalamientos de presunto maltrato animal.
Activistas y rescatistas denunciaron presunto despojo tras el operativo realizado en Cuajimalpa el pasado 7 de enero y demandaron transparencia a las autoridades capitalinas.
El Refugio Franciscano, uno de los espacios de protección animal más emblemáticos de la Ciudad de México, enfrenta un conflicto legal por la propiedad del predio que ocupa en Cuajimalpa, al tiempo que autoridades capitalinas realizaron un operativo de rescate de 936 animales por presunto maltrato, un hecho que ha detonado controversia entre activistas, autoridades y la fundación que reclama el terreno.
Ante el conflicto legal entre particulares por un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, donde operaba un refugio de animales, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones por presunto maltrato animal, a fin de garantizar el bienestar de los seres sintientes y el respeto al marco legal vigente.