Conagua admite que obras hidráulicas no evitarán inundaciones en Valle de México
Infraestructura en construcción agilizará el desalojo pluvial pero es insuficiente ante lluvias extraordinarias en el oriente.
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La presidenta Claudia Sheinbaum salió a responder a un señalamiento que, de entrada, podría encender tensiones diplomáticas: la idea de que México habría sido presionado por Estados Unidos con el tema del agua durante negociaciones comerciales. La versión vino del senador John Cornyn, pero desde el gobierno mexicano la respuesta fue clara: no hay tal presión.
En medio del ruido político que se genera cada mañana desde Palacio Nacional, el diputado priista Mario Calzada Mercado salió a dar su versión sobre un tema que, aunque suena técnico, pega directo en una de las discusiones más sensibles del país: el uso del agua.
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En una revelación que puso los reflectores sobre la forma en que México ha administrado su recurso más vital, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en Chihuahua detectaron casos donde funcionarios públicos —durante los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto— se adjudicaron alrededor de 150 títulos de concesión de agua para ellos mismos y sus familiares. No se trata de permisos menores: en conjunto concentran cerca de 47 millones de metros cúbicos, una cantidad que, según el funcionario, “podría abastecer a muchísimas comunidades” durante meses.
La Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a encender el debate público al responderle al PAN por sus críticas a la nueva Ley de Aguas. Y lo hizo sin rodeos: dijo que la postura del blanquiazul está construida “desde la ignorancia”, porque el agua no es propiedad privada, sino un derecho y un bien de la nación. Este jaloneo, aunque parece otro pleito político más, toca el corazón de un tema que afecta a todos: quién decide, quién paga y quién se beneficia del manejo del agua.
En el Senado se encendió una de esas discusiones que dejan claro que hablar de agua en México es hablar de poder. La nueva Ley General de Aguas, que lleva años atorada y que pretende poner orden en quién usa el recurso y para qué, explotó en un duelo político entre Morena y el PAN que terminó con acusaciones de acaparamiento, amenazas de exhibiciones públicas y un pleno convertido en ring.
En medio del jaloneo político que suele acompañar cualquier cambio en las reglas del agua —un recurso que en Chihuahua vale casi oro—, la diputada Lilia Aguilar Gil salió a aclarar de qué va realmente la nueva Ley de Aguas aprobada en el estado. Según ella, esta reforma no es un arma contra grupos específicos ni una herramienta para perseguir apellidos conocidos, sino un intento por poner orden en un sector donde, por años, el que más ha tenido es el que más ha podido acaparar.
El jaloneo por la nueva Ley de Aguas sigue subiendo de tono en la Cámara de Diputados y el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dejó claro que su bancada votará en contra. Según explicó, el proyecto que impulsa Morena no garantiza el derecho al agua para las comunidades más vulnerables y llega con huecos importantes justo cuando México enfrenta un panorama de sequías cada vez más severas.