En el Congreso mexicano, donde los debates suelen quedarse en lo técnico, la diputada Laura Ballesteros Mancilla puso sobre la mesa un tema que va más allá de la política interna: el riesgo de que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad entre en una etapa complicada.
En el Congreso mexicano hay temas que tarde o temprano revientan por la presión social, y el de las desapariciones es uno de ellos. Esta vez no viene impulsado solo desde los partidos, sino directamente desde quienes cargan el dolor todos los días. La diputada Laura Ballesteros Mancilla puso sobre la mesa una ruta poco común: que los juicios políticos contra Rosario Piedra Ibarra no sean una bandera partidista, sino una herramienta en manos de las víctimas.
La CNDH descalificó el reporte del Comité de la ONU argumentando que ignora la reducción de desapariciones forzadas federales desde 2018.
En San Lázaro ya empezó a moverse una de esas decisiones que, aunque no siempre hacen ruido, terminan impactando directamente en cómo se organizan las elecciones en México. El diputado Ricardo Monreal Ávila anunció el arranque del proceso para elegir a tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral, el órgano encargado de arbitrar las elecciones en el país.
En San Lázaro ya empezó a moverse una de esas decisiones que, aunque no siempre hacen ruido, terminan impactando directamente en cómo se organizan las elecciones en México. El diputado Ricardo Monreal Ávila anunció el arranque del proceso para elegir a tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral, el órgano encargado de arbitrar las elecciones en el país.
La agenda legislativa empieza a tomar ritmo y, con ella, decisiones que suelen pasar desapercibidas pero que tienen impacto directo en la política exterior, los derechos humanos y el trabajo del Congreso. La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que esta semana será especialmente relevante en la Comisión Permanente.
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo, puso sobre la mesa una propuesta que, aunque suene técnica, ataca un problema que todos vemos diario: policías cansados, mal pagados y con una enorme carga emocional que puede terminar explotando en la calle. Su iniciativa busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los elementos —desde los operativos hasta los administrativos— se sometan no solo a los clásicos exámenes de control de confianza, toxicológicos y médicos, sino también a evaluaciones psicológicas obligatorias y periódicas.
Tres presidentes después, las investigaciones permanecen estancadas y los responsables sin sentencia.