Niñas y niños que participaron en el Parlamento Infantil 2026 en el Congreso de la Ciudad de México colocaron en la agenda pública problemáticas como el acoso escolar, la adicción a redes sociales, la pobreza extrema y la inseguridad, con propuestas concretas que, aunque surgidas desde la perspectiva infantil, exhiben vacíos en las políticas públicas dirigidas a este sector.
El gobierno federal firmó un acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra mujeres. Sin sanciones ni participación de todas las plataformas —como X—, especialistas advierten que el mecanismo depende de la voluntad de empresas privadas y abre tensiones con el discurso oficial sobre libertad de expresión y regulación de redes.
En el marco del Día de Internet Seguro, 12 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Estado mexicano y a la ciudadanía para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.
En México, muchos papás crecieron cuidándose de la calle, pero hoy el peligro puede estar dentro de la casa, en el celular, la tablet o la computadora. Ese fue el punto de partida del Foro Interinstitucional sobre Seguridad Digital, Salud Mental y Prevención de la Violencia Digital en Niñas, Niños y Adolescentes, organizado por la Comisión de Derechos de la Niñez que encabeza la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del PAN. Y aunque el tema suena técnico, lo que estuvo en juego es algo muy simple: cómo proteger a menores que navegan internet más rápido de lo que el Estado ha podido regularlo.
En el Senado, legisladoras, especialistas y activistas —entre ellas Olimpia Coral Melo, referente nacional en la defensa de derechos digitales— coincidieron en un diagnóstico urgente: México necesita visibilizar y legislar con mayor fuerza contra la violencia digital, un tipo de agresión que ya afecta a 10.6 millones de mexicanas desde los 12 años, según datos del INEGI.
La Ciudad de México enfrenta un incremento alarmante en los casos de violencia escolar, con reportes que se han triplicado durante 2025, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ). La problemática incluye agresiones físicas, ciberacoso y episodios de violencia ejercida incluso por padres de familia.