Por Juan Pablo Ojeda
Las acusaciones de fraude en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desencadenaron un cruce de declaraciones entre la Presidencia de la República, aspirantes afectados, colectivos estudiantiles y las autoridades universitarias. La controversia gira alrededor de la responsabilidad de la empresa contratada para gestionar la prueba de selección.
Durante la mañanera en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó una postura firme contra el proveedor de servicios: «Si la empresa cometió fraude, que se castigue; no se vale que por un negocio privado se ponga en duda la honestidad de los muchachos que sí estudiaron y presentaron su examen con rigor», declaró la mandataria ante las preguntas de los medios de comunicación.
Por su parte, agrupaciones de aspirantes han manifestado su indignación en redes sociales y a las afueras de la Rectoría en Ciudad Universitaria. Voceros de los jóvenes exigieron la anulación selectiva de las pruebas donde se detectó la venta de respuestas y demandaron que la UNAM transparente las licitaciones otorgadas a la compañía señalada de la filtración.
Hasta el momento, la UNAM ha informado mediante comunicados que se encuentran abiertas las carpetas de investigación correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Sin embargo, representantes estudiantiles señalan que la respuesta institucional ha sido lenta ante la inminencia de la publicación de los resultados oficiales del concurso de selección.
Analistas y expertos en transparencia educativa sostienen que el conflicto refleja una falta de control interno en las licitaciones públicas de la universidad. Indicaron que no es la primera vez que se señalan inconsistencias en el manejo de los paquetes didácticos y exámenes impresos por empresas privadas subcontratadas.
En el ámbito legislativo, diputados de diversas bancadas hicieron un llamado a la FGR para que asegure los servidores de la empresa involucrada y cite a declarar a sus directivos. Argumentaron que la impunidad en la falsificación o venta de instrumentos de evaluación lesiona la credibilidad de la educación pública nacional.
El contraste de posturas deja ver la complejidad de coordinar la seguridad de pruebas masivas en un entorno de alta demanda. Mientras la investigación penal avanza, la comunidad universitaria y los miles de jóvenes postulantes aguardan una resolución que restituya la certeza y la equidad en el ingreso a la educación superior.