Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó formalmente la clasificación como información reservada del expediente relativo al homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La medida, vigente hasta 2031, impide el escrutinio público de las diligencias ministeriales realizadas por la dependencia federal.
Los datos técnicos indican que la resolución se fundamenta en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia. Según el oficio emitido, la apertura de la carpeta de investigación en este momento podría comprometer la eficacia de las líneas de indagación aún en curso.
El impacto estadístico de esta reserva supone un bloqueo total al seguimiento de los plazos procesales para la sociedad civil. La FGR argumenta que la divulgación de los avances podría alertar a presuntos responsables y destruir elementos probatorios críticos.
Hasta la fecha, el caso ha acumulado diversos testimonios y peritajes forenses que permanecen bajo sigilo total. La fiscalía ha sostenido que la complejidad de la red de actores involucrados requiere un tratamiento de datos clasificados bajo estrictos protocolos de seguridad nacional.
La cifra de casos bajo reserva por parte de la FGR ha mostrado una tendencia incremental durante el último bienio. Este caso específico se suma a los expedientes de alto perfil que el Ministerio Público Federal ha decidido blindar ante solicitudes de acceso a la información.
Expertos en derecho penal señalan que la reserva por periodos prolongados, como el de cinco años, es una práctica recurrente pero cuestionada. La eficacia de esta medida será evaluada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante posibles recursos de revisión.
El historial de este proceso se remonta a julio de 2024, cuando ocurrió el evento violento en Culiacán. Desde entonces, la Fiscalía ha mantenido una política de comunicación restringida, priorizando el sigilo sobre el flujo informativo continuo.