Por Juan Pablo Ojeda
El restablecimiento de las actividades de inspección agrícola de Estados Unidos en Michoacán expuso la frágil frontera entre las prioridades del comercio bilateral y la crisis de inseguridad que persiste en las zonas productoras. Aunque el Departamento de Agricultura dio luz verde para retomar la certificación de aguacate, las autoridades diplomáticas en Washington declinaron rebajar el nivel de riesgo de su alerta de viaje para la región.
La reanudación de las exportaciones se produjo tras intensas negociaciones entre representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Agricultura y el gobierno estatal. El acuerdo incluyó el compromiso explícito de las fuerzas de seguridad mexicanas para garantizar escoltas permanentes a los inspectores del APHIS, quienes fueron objeto de agresiones y retenciones en semanas recientes.
La dualidad de la postura estadounidense refleja la dependencia del mercado de consumo de ese país hacia el aguacate mexicano, al tiempo que evidencia la desconfianza estructural en la capacidad de las autoridades locales para contener el avance de las organizaciones criminales. El cobro de piso y la extorsión a productores continúan operando como un factor de distorsión económica en el campo michoacano.
Organizaciones de monitoreo de la función pública han cuestionado si los despliegues policiales destinados a proteger a los inspectores norteamericanos restan capacidad operativa para la protección de la población civil en los municipios rurales. La asignación de recursos públicos para blindar la cadena de valor de un sector privado ha reabierto el debate sobre las prioridades de la estrategia de seguridad en el estado.
Por su parte, el Departamento de Estado dejó en claro que la reanudación del comercio no altera las evaluaciones del Comité de Asesoría sobre Seguridad en el Extranjero. Las restricciones de movilidad para el personal del gobierno estadounidense en carreteras michoacanas se mantendrán vigentes de forma indefinida debido a los conatos de violencia e bloqueos viales.
El historial de suspensiones al aguacate michoacano muestra un patrón recurrente donde las garantías de seguridad pactadas tras cada crisis tienden a erosionarse con el paso de los meses. Diversos legisladores estadounidenses han solicitado a los organismos reguladores elaborar planes de contingencia para diversificar las fuentes de suministro y reducir la vulnerabilidad de la cadena alimentaria ante los brotes de violencia en México.
La reapertura de las inspecciones otorga un respiro temporal a la economía de la franja aguacatera, pero deja sin resolver los problemas de fondo vinculados al control territorial por parte de grupos armados. La efectividad de las nuevas medidas de protección determinará si el comercio agrícola logra mantenerse al margen del deterioro de la seguridad en la entidad.