Por Juan Pablo Ojeda

 

«No me corresponde a mí decidir», sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al responder sobre la viabilidad de repetir el examen de admisión a licenciatura de la UNAM. La jefa del Ejecutivo aclaró que la Presidencia no intervendrá en las determinaciones internas de la universidad, aunque urgió al rectorado a «dar certidumbre a los jóvenes a la brevedad» ante la marejada de inconformidades.

Desde la contraparte universitaria, la administración encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas enfrenta una presión inédita por parte de comités de aspirantes excluidos. Fuentes de la Rectoría señalaron bajo condición de anonimato que el Consejo Universitario analiza exhaustivamente los reportes presentados por la empresa contratada, Territorium Life, antes de fijar una postura definitiva sobre la validez legal del proceso.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseveró que el Gobierno Federal respetará plenamente el cauce que decida la institución. «La SEP estará atenta para apoyar en lo que la universidad requiera, pero la validez de las pruebas es un asunto exclusivo de la autonomía», afirmó el funcionario tras las consultas de la prensa.

En las afueras de la Rectoría, la frustración de las familias es palpable. «Mi hija sacó 112 aciertos para Psicología y quedó fuera porque el sistema dio por válidos puntajes perfectos imposibles de verificar», denunció María Elena Torres, madre de una aspirante afectada. Como ella, cientos de jóvenes han comenzado a organizarse en redes sociales para exigir la anulación de las pruebas aplicadas bajo la modalidad remota.

Especialistas en auditoría informática y plataformas educativas sugieren que la crisis proviene de una falla de diseño contractual. Carlos Elizondo Ancer, directivo de Territorium Life, sostuvo en un comunicado previo que la plataforma operó dentro de los márgenes estipulados de ciberseguridad, atribuyendo las anomalías a conexiones deficientes del lado de los usuarios.

El choque de visiones expone la fractura entre los criterios técnicos de la empresa, la reticencia de las autoridades universitarias a reponer el proceso y la exigencia gubernamental de una pronta resolución. La comunidad estudiantil demanda que se haga pública la auditoría de los exámenes antes de que venza el plazo de revisión el 30 de julio.

La incertidumbre prevalece a pocos días de que inicie el periodo lectivo oficial. Con la Presidencia al margen, la UNAM debe negociar una salida política y técnica que satisfaga a las partes en conflicto sin desmembrar la credibilidad de su sistema de selección.