La Fiscalía General de la República (FGR) suspendió el trámite de detención provisional con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, solicitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través del Distrito Sur de Nueva York, debido a omisiones técnicas procesales en la integración del expediente.
El requerimiento internacional, turnado inicialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), busca la captura preventiva de los individuos; sin embargo, las mesas de análisis de la FGR determinaron que los documentos carecen del rigor documental exigido por el Artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral y el Artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
El fiscal especializado en Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, especificó que la autoridad estadounidense no logró acreditar el grado de urgencia de la medida cautelar de forma jurídica, condición indispensable en la normativa mexicana para ejecutar una privación de libertad previa al inicio formal de un juicio de extradición.
El reporte técnico de la fiscalía mexicana señala la ausencia total de elementos probatorios anexos que justifiquen la comisión de los delitos imputados a los 10 ciudadanos, lo que imposibilita la validación de un riesgo de sustracción de la justicia que amerite la ejecución inmediata de las capturas.
Como respuesta administrativa ante estas fallas, la FGR estructurará una comunicación oficial hacia la Cancillería mexicana, instancia que solicitará por canales diplomáticos de alta confidencialidad a Estados Unidos la entrega de las evidencias materiales y los documentos omitidos en el pedimento original.
La ruta legal de este proceso de extradición contempla múltiples etapas secuenciales que impiden su ejecución expedita. Una vez que Estados Unidos subsane las deficiencias documentales, la FGR ejecutará un segundo análisis técnico interno para determinar si en esta ocasión se cumple el encuadre normativo requerido.
De resultar procedente tras la segunda revisión, el expediente se presentará ante un Juez de Control Federal para la emisión de una opinión jurídica y posteriormente a la SRE para un acuerdo final, quedando el procedimiento sujeto al derecho constitucional de los 10 implicados de interponer recursos de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación.