Por Juan Pablo Ojeda
María Irene Dipp, cónyuge del senador y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, denunció públicamente haber sido víctima de violencia psicológica y amenazas de índole legal tras su decisión de separarse del legislador. El testimonio, difundido a través de un mensaje videograbado, detalla un entorno que Dipp califica como tóxico para el desarrollo de sus hijos.
La denunciante explicó que la ruptura fue el resultado de intentos fallidos por alcanzar una solución pacífica al conflicto conyugal. Según lo declarado, el senador Ávila Villegas ha utilizado la posibilidad de iniciar procesos legales como una forma de coerción, afectando la estabilidad emocional y civil de su familia inmediata.
Dipp puntualizó que el miedo a perder la custodia o el contacto con sus hijos, Juan Pablo y María Ávila Dipp, es la razón principal de su exposición pública. La mujer sostiene que las amenazas recibidas abarcan ámbitos civiles y penales, lo cual ha escalado el conflicto a una situación de vulnerabilidad extrema.
Ante la falta de una respuesta oficial por parte del senador Ávila, la opinión pública ha comenzado a articular diversas posturas. El caso se suma a la creciente lista de denuncias sobre violencia de género en el ámbito político mexicano, un sector donde el escrutinio sobre la conducta de los servidores públicos es cada vez más riguroso.
🚨 ESPOSA DEL DIPUTADO VERDE @eruviel_avila DENUNCIA VIOLENCIA Y AMENAZAS
María Iréne Dipp público un video en donde dice tener mucho miedo que su esposo le quite a sus hijos.
Una razón más para mandar a los Verdes al Rancho de AMLO el próximo año… pic.twitter.com/HesAUyPcVz
— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) April 21, 2026
La gravedad de las acusaciones implica una serie de responsabilidades legales que deberán ser dirimidas en las instancias correspondientes. La denunciante ha responsabilizado directamente al legislador por cualquier daño que pueda sufrir su integridad o la de sus hijos menores de edad, elevando el caso a una alerta de seguridad personal.
Diversos colectivos feministas y de defensa de derechos humanos han manifestado su solidaridad con Dipp, exigiendo que se garantice el debido proceso y la protección de la integridad de los menores involucrados. Este respaldo social subraya la relevancia del caso en la agenda pública actual.
A la espera de un posicionamiento por parte de Eruviel Ávila, los expertos legales señalan que este tipo de denuncias requieren una investigación exhaustiva bajo los protocolos de perspectiva de género. El entorno político mexiquense observa con atención el desarrollo de este conflicto privado con repercusiones en el servicio público.